AGUIRRE REFUERZA A SU 'NÚMERO DOS'Esperanza Aguirre es una magnífica estratega política. Mueve a sus consejeros como si se trataran de fichas de ajedrez en su particular aventura política. En sólo dos años de legislatura ha retocado su Gobierno en tres ocasiones. Ayer improvisó una jugada que sorprendió a buena parte del parlamento regional, diputados populares incluidos. Anunció la supresión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que dirigía Santiago Fisas y se la adjudicó al vicepresidente regional, Ignacio González. La medida fue avanzada durante el pleno parlamentario dedicado a debatir sobre la crisis y se justificó como un gesto de austeridad del Gobierno de la Comunidad. Pero además, le sirve a Aguirre para resolver dos problemas: da salida a Fisas, incluido en las listas del PP al Parlamento europeo, y refuerza a González en un momento en el que arrecian las sospechas sobre él. Además, con esta minicrisis la presidenta aplaza una remodelación más profunda del gabinete.El martes por la tarde Aguirre recibió la noticia de que Fisas era incluido por Mariano Rajoy en la candidatura popular para las elecciones europeas. El consejero había dado muestras de cansancio, y la posibilidad de ir a Bruselas se había barajado en los pasillos de la Asamblea. La designación de Fisas obligaba a la presidenta a trastocar su Gobierno, porque, aunque la posición que ocupa el consejero en las listas (23º) no le garantiza la elección, en noviembre, cuando se firme el Tratado europeo, España ampliará el número de representantes, por lo que quedaría un hueco para él.Coincidiendo con ello, su vicepresidente y hombre de confianza, Ignacio González, ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica. La cadena SER hizo público ayer un vídeo en el que se constata que fue espiado durante un viaje a Colombia. Ello ha motivado que PSOE e IU reclamen la reapertura de la comisión de investigación sobre la presunta red de espionaje, cerrada en falso sin que pudieran declarar la mitad de los citados.Con la maniobra de ayer, González refuerza su poder al asumir Cultura, Deportes y Turismo y acumula varios cargos en entidades regionales, entre ellas la presidencia del todopoderoso Canal de Isabel II.(www.elpais.com, 30/04/09)LA MANO DERECHA DE AGUIRRE, MÁS FUERTEEsperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo ayer más fuerte a su vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. Lo hizo en plena tormenta contra el vicepresidente, que ayer vio cómo una emisora de radio colgaba unas imágenes durante una visita que hizo el pasado año a Colombia.Personas cercanas a González criticaban ayer que se quiera presentar al hombre fuerte de Aguirre como una persona que hace desplazamientos raros a Colombia, «cuando el viaje era conocido por muchísimas personas».González asume las competencias en Cultura, Deporte y Turismo, además de la Vicepresidencia del Gobierno y la Presidencia del Canal de Isabel II y del Consejo de Asuntos Taurinos.Todos en la Comunidad han interpretado que el número dos es más fuerte y que, de abandonar, nada. En las últimas semanas en diversas consejerías se hablaba de una posible crisis de Gobierno.Santiago Fisas había pedido ir a Estrasburgo, pero al recibir las competencias de Deportes, hace dos meses, pensó que no sería el elegido. Fisas ha sido siempre persona fiel y ha prestado servicios eficaces a la presidenta y recibe el premio de Europa.La oposición ha interpretado de manera diferente la suspensión de la consejería. La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, consideró «un sarcasmo» que en el mismo día en que la oposición está reclamando la reapertura de la comisión de investigación de la presunta trama de espionaje tras el visionado de un vídeo del vicepresidente regional, Ignacio González, en Cartagena de Indias, el número dos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, asuma más competencias.Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, tildó de «broma» la desaparición de la Consejería de Cultura un día después de conocer que el consejero del ramo, Santiago Fisas, concurre como número 23 de las listas del PP a las elecciones europeas del 7J. Apuntó que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, suprime consejerías cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, ficha a alguno de sus consejeros.Santiago Fisas dijo: «Estoy agotando mis últimas horas de consejero. Tengo que cesar porque soy inelegible».Fisas señaló que «había manifestado mi deseo de ir a las europeas con el PP porque siempre me ha gustado la política internacional y nunca había podido probarla». «Este año -añadió- parecía complicado porque, hasta que se apruebe el Tratado de Lisboa, hay cuatro diputados menos y, además, está en vigor una ley de paridad en las listas que dificultaba mucho mis aspiraciones».Le está agradecido a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, además de a la presidenta de la Comunidad, «que se ha portado de maravilla, y a la presidenta del PP de Cataluña, porque entre todos me han encontrado un hueco».Fisas aseguró que se va con pena por dejar a sus «colaboradores del mundo de la cultura, los empresarios hoteleros y Madrid 16...».De lo que se siente más orgulloso es de haber «sido capaz de crear una complicidad y un diálogo con el mundo de la cultura y de haber sabido escuchar a todos». «Para mí sería mucho mejor que me echaran de menos antes de que me echen», bromeó Fisas. «Siempre es bueno irse en el momento en que todavía te quieren», añadió.(www.elmundo.es, 30/04/09)EL HOMBRE PLURIEMPLEADOSi algo ha quedado claro tras la remodelación de Gobierno anunciada ayer por Esperanza Aguirre es que la cultura no es algo prioritario para la presidenta regional. Tampoco lo son el deporte ni el turismo, curiosamente tres de las cosas por las que desde la Comunidad de Madrid ha tratado de venderse la región más allá de sus fronteras. Así que, "para ahorrar", Aguirre se ha cargado la consejería que hasta ahora dirigía Santiago Fisas, que ya emprende su ansiado viaje a Europa "muy ilusionado y algo nostálgico", decía ayer. A partir de hoy, será la mano derecha de Aguirre y vicepresidente de su gobierno, Ignacio González (Madrid, 1960), el mismo que sale en el vídeo de los espías de la Comunidad, el que responderá por las áreas de Cultura, Deporte y Turismo."Si pasaran a depender de otras consejerías podría decir que la cultura iba a perder importancia, pero el hecho de que pase a depender directamente del vicepresidente es una garantía. Yo antes tenía que departir con él para lograr un mejor presupuesto o desbloquear temas; ahora él solo va a tener que resolver consigo mismo", comentó ayer el ya ex consejero.Así que si alguien quiere espiar a González a partir de ahora va a tener que estar tan pluriempleado como él. Porque este licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid, que sacó su oposición de funcionario del Cuerpo Técnico Superior del Ayuntamiento de la capital en 1984, suma a estas nuevas competencias las que ya atesoraba anteriormente: vicepresidente y portavoz del Gobierno regional; presidente del poderoso Canal de Isabel II; miembro de la dirección de IFEMA; patrono del Teatro Real y presidente del consejo de Asuntos Taurinos de Madrid. Además, ostenta la presidencia del comité electoral del PP de Madrid. En realidad, es el hombre que toma las penúltimas decisiones en el Gobierno regional. Aguirre siempre tiene la última palabra. La presidenta, que confía plenamente en él, asiste indiferente al duelo que libra con Francisco Granados por controlar los entresijos del Ejecutivo. Nadie supo precisar ayer si esta frenética actividad implicará una subida de sueldo, o si él también se suma a la política del ahorro por amor al arte.La relación laboral del hombre fuerte del Gabinete con su presidenta se remonta a los años noventa, cuando, ya con Aguirre de concejal de Cultura y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, desempeñó el cargo de director de los servicios culturales; años después, en 1996, siendo ella ministra de Educación, le nombró subsecretario. Son los dos momentos en los que ha estado más cerca de la cultura y el deporte en su larga carrera política, en la que se ha ganado la fama de "gran gestor". Hay quien añade: "Habilidoso, casi maquiavélico".González hizo carrera en el Gobierno de José María Aznar de la mano de Ángel Acebes. Éste le nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas en 1999, y cuando asumió la cartera de Interior se lo llevó como delegado del Gobierno para la Inmigración en julio de 2002. Los deberes que le pusieron eran difíciles: debía apagar los conflictos creados en un asunto tan delicado como la entrada de inmigrantes en España. Lo logró a medias. Su primer gran problema fue afrontar un revés judicial del Supremo, que anuló 11 artículos del reglamento de Extranjería que habían elaborado sus antecesores. Dejó claro, ya entonces, que su forma de hacer política no iba a cambiar. Apenas un año y medio después, en 2003, González, que nunca abandonó su carrera en el PP de Madrid, se marchó con Aguirre, quien siempre lo consideró uno de los suyos. Se iba con un acuerdo con el PSOE para reformar la ley de Extranjería (que se frustró) y con el aura de eludir los charcos mediante una combinación, a veces desequilibrada, de negociación y mano dura.Dicen que por esa determinación y por la acumulación de poderes es un tipo odiado internamente. Tan odiado como temido: "Es muy controlador. Es, en definitiva, quien reparte las dádivas", comentan fuentes cercanas a la Comunidad.(www.elpais.com, 30/04/09)UN VICEPRESIDENTE FILMADO EN COLOMBIALa oposición se unió ayer en una sola voz para pedir la reapertura de la comisión de investigación por el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, después de que la web de la cadena SER difundiera un vídeo del vicepresidente Ignacio González durante un viaje oficial a Colombia. El secretario regional de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, y la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, pidieron que González dé explicaciones por lo sucedido.La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid duró tan sólo cuatro sesiones. En ella no comparecieron algunos altos cargos, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Interior y Justicia, Alfredo Prada, pese a que lo habían solicitado expresamente al ser víctimas del supuesto espionaje.El vídeo, que dura poco más de cuatro minutos, muestra imágenes de la visita del vicepresidente regional en septiembre y octubre de 2008 a la ciudad de Cartagena de Indias.Para Tomás Gómez, el vídeo del viaje oficial de Ignacio González a Colombia pone de manifiesto que hubo "espionaje en la Comunidad de Madrid y también se intuyen otras cosas", recalcó el dirigente socialista tras la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno, Amparo Valcarce.Gómez pidió que González compareciera en la Asamblea de Madrid para que aclare los motivos del viaje, su objetivo y para qué se hizo, mientras criticaba que se cerrara con un carpetazo la comisión de investigación del espionaje regional. "El PP, de forma intencionada, cercenó esos trabajos porque no quiere que los ciudadanos conozcan el funcionamiento de esa trama de espionaje, quién la organizó, quién la financió, quién la ordenó, por qué se espió, con qué objetivo, a quién se espió y quién realizó los espionajes", criticó Gómez.Esperanza Aguirre también estuvo en las críticas del líder de los socialistas madrileños, que acusó a la presidenta de ningunear institucionalmente a los municipios gobernados por el PSOE en la región. Puso como ejemplo la ampliación del metro en Getafe.De la misma opinión fue la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, quien aseguró que la comisión de investigación fue "violentamente cerrada por el PP tras sólo tres días y medio de comparecencias". En opinión de Sabanés, el PP vetó toda la documentación que tenía que ver con Ignacio González y los contratos del Canal de Isabel II."Nos parece que hay motivos más que suficientes para que el Gobierno regional, con su presidenta a la cabeza, dé explicaciones serias a los ciudadanos de lo que está pasando y por qué no se ha permitido investigar el espionaje y estos viajes", añadió la portavoz de IU en la Asamblea.(www.elpais.com, 30/04/09)EL 'SPA' QUE GESTIONA INGESPORT LLEVA CINCO AÑOS SIN LICENCIAEl Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón permite desde hace cinco años y medio el funcionamiento del lujoso spa del hotel NH Eurobuilding, a pesar de que no tiene licencia para ello, según demuestran los documentos a los que ha tenido acceso Público. Es más, en mayo de 2004, el Consistorio de Madrid acordó “el cese inmediato de la actividad” del local, pero la orden ha sido incumplida desde entonces ante la pasividad de las autoridades municipales. La empresa encargada de gestionar el centro termal es Ingesport, que durante los últimos años ha mantenido diversos vínculos con la concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro.La persona clave en las relaciones entre Ingesport y el Ayuntamiento de Madrid es Carlos Martín, amigo de juventud y monitor de pádel de Patricia Lázaro. Martín fue primero director comercial de Ingesport y luego firmó un contrato con esta empresa para buscar como intermediario adjudicaciones públicas. En esa actividad utilizó sus contactos con políticos del PP de Madrid, entre los que destaca el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. El monitor reconvertido en comisionista también presumió en múltiples ocasiones de su buena relación con Lázaro.Las gestiones de Carlos Martín permitieron a Ingesport obtener, a principios de 2006, un contrato de consultoría con la empresa municipal Club de Campo Villa de Madrid. Patricia Lázaro es miembro del consejo de administración de dicha sociedad pública y, el día que se decidió la adjudicación a Ingesport, fue la encargada de presidir la reunión del consejo. La concejala ha negado la existencia de trato de favor.Ingesport no consiguió la licencia de funcionamiento, ya que realizó obras que no estaban autorizadas. Al carecer de dicha licencia, no está garantizada la seguridad de las instalaciones.Un portavoz del Ayuntamiento admitió ayer, a preguntas de este diario, que el spa gestionado por Ingesport lleva sin licencia desde 2004, pero trató de restarle importancia a este hecho: “Existe un problema bastante generalizado con las licencias en Madrid y estamos trabajando para solucionarlo”. Además, destacó que Lázaro “no tiene nada que ver con las licencias urbanísticas”. Todo el procedimiento ha estado en manos de la Junta Municipal de Chamartín.Ingesport ha presentado recientemente un escrito asegurando que hará las obras necesarias para lograr la licencia el próximo mes de agosto. Y, tras cinco años de incumplimientos, al Ayuntamiento le ha parecido suficiente. “Cuando finalicen las obras, un técnico irá a certificar que todo está bien”, indicó el portavoz.(www.publico.es, 26/03/09)LEGALIDAD BURLADAResoluciones que se convierten en papel mojado1. Sin licencia // En octubre de 2003, el Ayuntamiento inicia el procedimiento para suspender la actividad del spa del NH Eurobuilding, tras comprobar que no tiene la preceptiva licencia de funcionamiento. En mayo de 2004, ordenó “la suspensión inmediata de la actividad de centro termal y de fitness que se está ejerciendo sin licencia”. En el escrito se advierte de que, en caso de no cumplirse la orden de forma voluntaria, se precintará el local.2. Cuatro años después // A principios de 2008, el presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, pidió de nuevo la licencia de funcionamiento para el local. Pero le fue denegada el 3 de marzo de ese año, ya que no se daba “la adecuación entre las obras ejecutadas y las condiciones de la licencia de actividad”.3. Demolición // En noviembre de 2008, el Ayuntamiento dio un plazo de un mes para que se produjera “la demolición” de las obras realizadas de forma ilegal en la zona termal.4. Demolición // De la amenaza de precinto comunicada por el Ayuntamiento en 2004 no se supo nada en cuatro años. Finalmente, en diciembre de 2008, el Ayuntamiento acordó dicha medida. Pero esta orden tampoco se ha cumplido.(www.publico.es, 26/03/09)EL EQUIPO DE GALLARDÓN OCULTÓ AL PSOE EL CONTRATO CON INGESPORTOcultar, según la Real Academia, es “callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir”. Y con esta definición en la mano parece evidente que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón ocultó a la oposición socialista, en diciembre de 2007, que la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid había adjudicado un contrato a Ingesport. Un hecho relevante porque una de las consejeras de dicha sociedad es la concejala Patricia Lázaro y como intermediario de Ingesport actuaba Carlos Martín, amigo de juventud y monitor de pádel de la edil.Además, Ingesport gestionaba el lujoso spa del hotel NH Eurobuilding y dio un pase gratuito a Lázaro para utilizar las instalaciones a cambio del trato de favor que recibía de la concejala, según la versión ofrecida por el propio Martín en diversos correos electrónicos a los que ha tenido acceso este diario.Carlos Martín ha utilizado sus contactos políticos para negociar adjudicaciones públicas. Entre esos contactos destaca el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien también dio clases de pádel. Tal y como desveló Público la semana pasada, el monitor reconvertido en intermediario recibió información privilegiada sobre un concurso público de Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante una reunión con González.El concejal socialista Pedro Sánchez preguntó, a finales de 2007, por los contratos entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Ingesport. Dentro de la labor de control que realiza la oposición, es frecuente que se interese por los beneficiarios de las adjudicaciones públicas. “Es evidente que si preguntas al Ayuntamiento por los contratos que tiene con una empresa determinada, esa pregunta incluye a los organismos y empresas municipales”, explica el propio Sánchez.Al Gobierno de Gallardón no le debió parecer tan evidente. El 19 de diciembre de 2007, respondió a Pedro Sánchez que el Ayuntamiento de Madrid no había firmado desde 2003 ningún contrato con Ingesport. La realidad es que, a principios de 2006, el Club de Campo otorgó una consultoría por importe de 22.000 euros a dicha empresa. El Ayuntamiento tiene la mayoría del capital y de los miembros del consejo de administración del Club de Campo, que preside el vicealcalde, Manuel Cobo.Un portavoz del Gobierno de Madrid se amparó ayer en la literalidad de la pregunta del PSOE para explicar que no informasen del contrato con Ingesport: “Se respondió estrictamente a la pregunta de los socialistas, que era sobre el Ayuntamiento, y no sobre las empresas municipales. En todo caso, estará mal planteada la pregunta, no la respuesta. Además, el Club de Campo no depende administrativamente del Ayuntamiento”.El consejo de administración del Club de Campo que adjudicó el contrato a Ingesport se celebró el 30 de enero de 2006. Ese día no estuvo presidido por Cobo, sino por la propia Patricia Lázaro, que no se inhibió a la hora de votar pese a su relación de amistad con Carlos Martín.La adjudicación se realizó apoyándose en un informe técnico de cinco folios, donde se asegura que se pidieron propuestas a tres empresas. La lectura del informe no aclara qué baremos se utilizan para inclinarse por Ingesport. Y el único argumento claro en favor de la empresa elegida es que “diseña un negocio global”. El portavoz municipal sostiene que se “cumplió con los requisitos de publicidad y concurrencia que establecía la Ley de Contratos” vigente entonces, aprobada en 1995.LOS CORREOS ACUSAN La relación entre Lázaro y Martín“Celebrar la victoria” // Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que mantenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, Martín quedó con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”.“Me pregunta Patricia...” // El 13 de noviemb re de 2007, Martín le cuenta al presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, que ha tenido una nueva conversación con la concejala: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.“Los dos polideportivos” // El 25 de febrero de 2008, Martín pregunta en un correo a Sáez si “ha echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”. El monitor de pádel e intermediario ofrece en sus correos múltiples detalles que demuestran que recibía información de la concejala sobre diversos proyectos municipales meses antes de que salieran a concurso. Lázaro sostiene que esa información también se facilitaba a otras empresas y que es “un procedimiento habitual”.“Todo free” // En un correo de Sáez a Martín se asegura que la concejala podía utilizar el spa del NH Eurobuilding “mientras quiera, todo free”. Lázaro admitió a preguntas de este diario que había disfrutado de un pase gratuito, aunque aseguró que los tratamientos específicos los pagaba ella. La edil se dio de baja del spa hace dos semanas.(www.publico.es, 25/03/09)EL PSOE PIDE CUENTAS A UNA EDIL DE GALLARDÓN
Exige saber si Patricia Lázaro dio trato de favor a un intermediarioEl portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, solicitó que la concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro, dé explicaciones sobre el presunto trato de favor que ha dado a Carlos Martín, profesor de pádel e intermediario a quien conoce desde su juventud. Los socialistas creen que la comisión permanente de la Vicealcaldía, que tendrá lugar con casi toda posibilidad el miércoles próximo, es el marco perfecto. Mientras, el Gobierno de la capital no baraja cesar a Lázaro.El PSOE pretende que la concejala de Ruiz-Gallardón "aclare" las informaciones reveladas ayer por Público, que demuestran que Patricia Lázaro adelantaba información sobre futuros proyectos municipales relacionados con el deporte a Carlos Martín, que también era su monitor de pádel. Además, la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid, donde Lázaro es consejera, adjudicó un contrato de consultoría por importe de 22.000 euros a Ingesport, para la que el citado profesor actuaba como intermediario.Ingesport premiaba el trato de favor que le dispensaba la concejala con un gratis total en el spa del hotel madrileño NH Eurobuilding. "Patricia mientras quiera todo free", puede leerse en uno de los correos publicados por este diario. Lázaro admitió que había disfrutado del pase gratuito.El papel de Cobo y BotellaLos socialistas tienen ya preparada una batería de preguntas encaminadas a que la concejala aclare si ha existido "trato de favor" a la empresa Ingesport y si el alcalde, el vicealcalde, Manuel Cobo, y la edil de Medio Ambiente, Ana Botella, estaban al tanto de estas operaciones. Cobo es el presidente del Club de Campo Villa de Madrid y Botella figura entre sus consejeros. En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, preguntarán al regidor madrileño por qué no ha tomado cartas en el asunto.Los socialistas solicitaron todos los contratos de Ingesport con el Ayuntamiento
Paralelamente a esta batería de preguntas, los socialistas solicitaron todos los contratos de Ingesport con el Ayuntamiento, así como "todas las subcontratas" que tienen las empresas del consistorio con la citada empresa o con firmas relacionadas con la misma. "Vamos a pedir los contratos históricos, los que se han producido desde 2003", aclaró Lucas. Confían en recibir la documentación la próxima semana.Independientemente de las conclusiones que puedan extraerse de las respuestas de Lázaro, Lucas considera que "en momentos de crisis económica, el gratis total en un spa de lujo no es un ejemplo de lo que hay que hacer por los ciudadanos".El portavoz socialista aseguró que una vez que escuchen las aclaraciones, tomarán las medidas que consideren oportunas. "No descartamos ningún tipo de acción, pero lo primero es escuchar las explicaciones de Patricia Lázaro".Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid no tiene previsto cesar en su cargo a Patricia Lázaro. Fuentes próximas al alcalde aclararon que no existe ningún tipo de intención de destituir a la concejala."Era la mejor oferta"Además, insistieron en que Lázaro había renunciado a su pase gratuito en el mencionado hotel hace una semana, cuando Público contactó con ella por vez primera para contrastar el contenido de los correos electrónicos.Las mismas fuentes recordaron que la concejala ya había negado "cualquier trato de favor" a Carlos Martín y que la adjudicación a Ingesport se hizo en base a que era "la mejor oferta". "Así rezaba también el correspondiente informe de los técnicos", añaden.Además, aclararon que para que Patricia Lázaro pueda dar explicaciones la próxima semana los socialistas deben presentar su solicitud de comparecencia en el registro del Ayuntamiento. El entorno próximo a la concejala aseguraba que ayer había pasado el día trabajando en su despacho del consistorio madrileño y que la noticia la había dejado "tocada".www.publico.es 19.03.09UNA CONCEJALA DE GALLARDÓN BENEFICIÓ AL MONITOR DE PÁDELCarlos Martín, monitor de pádel del vicepresidente madrileño reconvertido en conseguidor de adjudicaciones públicas, tenía en su nómina de contactos a la concejal de Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Madrid, Patricia Lázaro. La firma para la que Martín actuaba como intermediario, Ingesport, consiguió gracias a sus gestiones un contrato de consultoría con la empresa municipal Club de Campo Villa de Madrid, SA. Patricia Lázaro forma parte del consejo de administración de dicha sociedad. El presidente de la compañía es el vicealcalde, Manuel Cobo, y entre sus consejeros figura la edil de Medio Ambiente, Ana Botella.La consultoría concedida por el Club de Campo a Ingesport tenía una vigencia de un año y el importe del contrato ascendió a 22.000 euros.Patricia Lázaro informaba además a Martín, con meses de antelación, sobre los planes del Ayuntamiento para sacar a concurso la gestión de polideportivos. Así se deduce de los correos de índole profesional que intercambiaron Carlos Martín y el presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, a los que ha tenido acceso Público.El político más citado en los 49 correos que tiene este diario es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Carlos Martín fue su profesor de pádel y recurrió a González en diversas ocasiones para pedirle ayuda en sus negocios de intermediario. La segunda política más mecionada es Patricia Lázaro, que también dio clases de pádel con Martín, a quien la edil conoció en su juventud.A cambio del trato de favor concedido a Martín, la concejala de Gallardón entraba gratis total en el lujoso spa Elysium del NH Eurobuilding, que gestionaba Ingesport. “Respecto a las gratuidades en Elysium. No existen. Solo personas contadísimas. Patricia mientras quiera todo free, así lo he comunicado en el Spa”, le explica Sáez a Martín, en un correo que le envió el 21 de noviembre de 2007.El presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, admitió en declaraciones a este diario la existencia del contrato de consultoría con el Club de Campo. Pero le restó importancia: “Era un trabajo sobre la viabilidad de montar un spa en las instalaciones del Club de Campo”. Sáez insistió en que es “el único contrato” que Ingesport ha recibido del Ayuntamiento de Madrid.Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que tenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Martín queda con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”. En concreto, Martín le cuenta a Sáez lo siguiente: “Ya han pasado las elecciones y me gustaría visitar del 1 al 15 de junio a los ayuntamientos que tenemos controlados. Hoy he quedado con Patricia para celebrar la victoria y hablar. Para el miércoles he quedado con Cristina para que planifique un poco los que ella tiene controlados”.Este diario preguntó a Gabriel Sáez si la Cristina citada en el mensaje es Cristina Cifuentes, diputada autonómica del PP de Madrid, pero el dueño de Ingesport dijo desconocerlo: “Yo no he visto nunca a esa señora”.Varios meses más tarde, el 13 de noviembre de 2007, Martín le cuenta a Sáez otra conversación reveladora que ha tenido con la edil de Gallardón: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa. Por cierto, van a hacer un polideportivo bastante grande en el mercado de la Cebada, que por cierto en esa zona no hay nada municipal, quieres que le llame a Miguel o se lo digo a Patricia para empezar desde un principio con el proyecto?”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.El 25 de febrero de 2008, después de regresar de una visita a Pozuelo de Alarcón (Madrid) para hablar con el alcalde sobre el polideportivo del Valle de las Cañas, Martín le pregunta a Sáez si ha “echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”.En las siguientes semanas se producen varias discusiones entre Sáez y Martín. El dueño de Ingesport acusa al conseguidor de no cumplir con su trabajo, una acusación que lleva a Martín a contestarle que tendrían más contratos “si hubieras soltado lo que tenías que soltar”, tal y como informó Público. En ese mismo mensaje, Martín vuelve a hablar de su relación con la concejal de Gallardón: “Yo estoy trabajando para que mis contactos estén para cuando Ingesport los necesite, como pasa con Patricia Lázaro”."Los correos están manipuladosEl letrado Vicente García Elías envió un comunicado a Público asegurando que los dos correos publicados el 16 de marzo “están burdamente manipulados”. García Elías, a quien este diario no había identificado, era el letrado de Gabriel Sáez y de Carlos Martín. En los mensajes, se hacen diferentes menciones al vicepresidente Ignacio González. Este diario comprobó la veracidad de los 49 correos recibidos antes de iniciar su publicación.Lázaro admite que tenía pase gratuito en el NHLa concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro, admitió en declaraciones a este diario que Ingesport recibió un contrato de la empresa Club de Campo Villa de Madrid, pero defendió la legalidad de la adjudicación. Además, negó la existencia de cualquier trato de favor.Lázaro sostiene que se contrató a Ingesport “porque era la mejor oferta, tal y como consta en el informe redactado por los técnicos”. Ella es consejera del Club de Campo desde el año 2003.La concejala de Gallardón también admitió que había estado utilizando un pase gratis total para el spa del NH Eurobuilding, que gestiona precisamente Ingesport. Patricia Lázaro añadió que se había dado de baja hace una semana, después de que Público contactase por primera vez con ella para preguntarle sobre su relación con Carlos Martín.La edil del PP explicó a este diario que conocía al profesor de pádel desde su juventud y señaló que, desde que entró en el Ayuntamiento de Madrid, sus contactos con Martín han sido “esporádicos”. Lázaro confesó que lo había recibido “una vez” en su despacho para hablar sobre proyectos del Ayuntamiento, pero indicó que es un procedimiento absolutamente normal que se realiza con otras muchas empresas. En su opinión, Martín falta a la verdad en sus correos, al “presumir” de una relación fluida con ella “que en realidad nunca ha existido”.(www.publico.es, 18/03/09)EL MONITOR DE PÁDEL NEGOCIA TAMBIÉN CONTRATOS PÚBLICOSCarlos Martín, profesor de pádel del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aprovecha sus contactos políticos para actuar como intermediario en la adjudicación de contratos públicos. El año pasado medió ante el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para la concesión de un polideportivo. Carlos Martín consiguió la primera cita con el regidor de Pozuelo tras una reunión con Ignacio González, la persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre, y con el viceconsejero de Medio Ambiente.Carlos Martín actuaba en este caso como intermediario de Ingesport. En un escrito que le envió al presidente de esta sociedad, Gabriel Sáez, le culpó de que no se cerrase el trato: “Quizá no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar”. Todos estos datos constan en los correos electrónicos que intercambiaron ambos, a los que ha tenido acceso Público.Jesús Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo el pasado 6 de marzo, tras ser imputado por Baltasar Garzón en el caso Gürtel. El juez lo acusa de embolsarse 422.992 euros de la trama que dirigía Francisco Correa a cambio de favorecer a sus empresas. El ex regidor, que niega cualquier actuación ilegal, sigue siendo concejal del PP en Pozuelo.Carlos Martín, Charly o Carleto para los amigos, fue primero profesor de pádel en el exclusivo spa del hotel NH Eurobuilding y después director comercial de Ingesport. En febrero de 2007 decidió volar más alto y convertirse en empresario. Compró la sociedad Preston & Child y firmó un contrato mercantil con Ingesport, aunque sin establecer una relación de exclusividad. Es decir, Carlos Martín podía hacer otros negocios por su cuenta.En dicho contrato se establece que Preston & Child recibirá 75.000 euros, IVA no incluido, por cada “concesión administrativa” que consiga para Ingesport.El 19 de diciembre de 2007, Martín le escribió un largo correo electrónico a Sáez, en el que repasa “los asuntos comerciales pendientes”. Uno de esos temas implica al vicepresidente González y al viceconsejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán. El contenido es el siguiente: “Me ha prometido el viceconsejero de Medio Ambiente delante de I. González que nos ponen cita para hablar sobre el polideportivo que se va a hacer en Pozuelo con el alcalde. Según me han dicho va a ser impresionante y a día de hoy no tienen ningún compromiso y creo que tenemos buenos padrinos”.Hay que tener en cuenta que el concurso para la gestión del polideportivo del Valle de las Cañas no se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 1 de agosto de 2008. Por tanto, González y Beltrán estaban informando a Martín con siete meses de antelación.Las puertas de la Alcaldía de Pozuelo se abrieron pronto para Martín. Y las conversaciones se iniciaron de forma fructífera. Tanto que, el 25 de febrero de 2008, el dueño de Preston & Child dio por cerrado el asunto. Ese día, a las 20.42, escribió un mensaje a Sáez comunicándole las buenas noticias: “Gabri, ya he vuelto y tenemos el polideportivo del Valle de las Cañas en Pozuelo (quedó en que nos llamaba el concejal de Deportes, según el alcalde)”. El edil de Deportes es Ignacio Costa.Pero las cosas terminan torciéndose. A finales de marzo, en el mismo correo en el que Martín le envía a Ingesport su factura de ese mes (tenía un fijo de 5.800 euros con independencia de las comisiones), el profesor de pádel reconvertido en conseguidor escribe un breve texto: “Os envío la factura correspondiente, con respecto a las demás entregas lo que más urge es Pozuelo”.En las semanas siguientes, Sáez y Martín tienen varias discusiones. El presidente de Ingesport se queja de que Martín no cumple con su trabajo y que su contrato es muy “costoso” para la compañía. El dueño de Preston & Child responde indignado defendiendo su trabajo: “Yo no firmé para objetivos a corto plazo ni para hacer venta por puertas, yo tengo mis contactos y de ellos a medio plazo saldrán sus frutos”.Pero Martín no se queda ahí. También aprovecha para culpar a Sáez del fracaso de algunas gestiones: “Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas quizás no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar”.(www.publico.es, 17/03/09)"UN PROCEDIMIENTO HABITUAL EN UNA ADJUDICACIÓN"A preguntas de este diario sobre las visitas de los representantes de Ingesport al Ayuntamiento de Pozuelo, un portavoz del Consistorio indicó textualmente lo siguiente: “Se produjo una visita de Ingesport al Valle de las Cañas a la que acudieron Gabriel Sáez, Oscar de los Ríos y Carlos Martín. Esto es un procedimiento habitual en el trámite de una adjudicación. También se han producido visitas de otras empresas”. Además, dicho portavoz añadió que al concurso público de adjudicación no se presentó finalmente Ingesport.Más visitas, mucho antes del concursoAdemás de la visita que admite el Ayuntamiento de Pozuelo, este diario tiene pruebas de que existió al menos otro encuentro entre Martín y Sepúlveda. Respecto a la explicación de que las visitas son habituales cuando hay un proceso de adjudicación en marcha, hay que recordar que el concurso no se convocó hasta medio año después de la visita a Pozuelo de los representantes de Ingesport.(www.publico.es, 17/03/09)"NO ME HE SERVIDO DE MI CONOCIMIENTO DE GONZÁLEZ"“Nunca me he servido de mi conocimiento de don Ignacio González para ningún negocio u operación”, asegura Carlos Martín en un escrito que ha enviado a Público tras la información publicada ayer sobre la inyección de 1,3 millones de euros de la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid en Ingesport, cuando Martín trabajaba allí.Carlos Martín era en 2005 el director deportivo de pádel del NH Eurobuilding. Allí estaba a las órdenes de Gabriel Sáez, que era el responsable máximo del exclusivo spa del hotel. En julio de ese año, Sáez llegó a un acuerdo con NH para gestionar la zona deportiva a través de la empresa Ingesport, de la que es accionista mayoritario. En abril de 2006, la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid invirtió 1,3 millones de euros en esta sociedad para facilitar sus planes de expansión, según desveló ayer este diario. Martín admitió en un correo enviado a su abogado que “se buscó” a Ingesport porque “interesaba al vice”, en referencia a Ignacio González.“Es falso que yo sea monitor de pádel de Ignacio González ni que Ángel Córdoba haya sido compañero suyo de pádel”, dice Martín en su escrito. Tres fuentes confirmaron a este diario que Carlos Martín fue profesor de pádel del vicepresidente madrileño en el NH Eurobuilding, antes de convertirse en conseguidor. Y el propio entorno de Córdoba –alto directivo de Caja Madrid encargado de la gestión de la sociedad de capital riesgo– admitió que había jugado “ocasionalmente” con González. Sorprende, además, que Martín sepa cuál es la agenda deportiva de González y Córdoba para asegurar que nunca han jugado juntos.Por último, Martín considera que “una tercera persona ha manipulado el contenido de los correos electrónicos que publica” este diario “sólo para perjudicarnos”. Público ha realizado todas las comprobaciones necesarias para certificar la veracidad de los correos.Un portavoz de la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, de la que el Gobierno de Aguirre es el principal accionista, también señaló en un escrito que Ignacio González no ha intervenido “en modo alguno, directa o indirectamente, en la operación de participación de Capital Riesgo Madrid en el capital de Ingesport, ni que mediara a favor de ella en ningún momento”.(www.publico.es, 17/03/09)GONZÁLEZ BENEFICIÓ A LA FIRMA DE SU PROFESOR DE PÁDELEn la Comunidad de Madrid hay más de 500.000 empresas. Y 13 de ellas tienen la suerte de figurar en la cartera de inversiones de la sociedad de capital riesgo controlada por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Pues bien, una de esas 13 afortunadas se llama Ingesport, y en ella trabajaba el profesor de pádel del vicepresidente madrileño cuando se decidió la inversión. Diversos documentos que obran en poder de Público demuestran que el profesor, Carlos Martín, participó en las negociaciones para la entrada de dinero público en Ingesport. Además, Martín admitió por escrito que se había buscado a esta empresa porque "le interesaba al vice", Ignacio González, que es la persona de máxima confianza de Aguirre.Carlos Martín, Charly o Carleto para los amigos, tiene fama de ser un excelente profesor de pádel. Hasta el año 2004 trabajó en el Club de Pádel Iberia Mart y, en esa fecha, se incorporó al lujoso club deportivo que existe en el hotel NH Eurobuilding de Madrid. Se trata de un exclusivo spa que tiene 900 socios, la mayoría pertenecientes a las altas esferas políticas y económicas. "Charly tenía una cartera de contactos y de clientes muy importante", recuerda una persona que trabajó con él. Entre ellos estaba el vicepresidente madrileño, con quien jugaba con cierta frecuencia en la cancha del NH.Desde 2003, el máximo responsable del club deportivo del Eurobuilding es Gabriel Sáez. Y, al principio, entabló una buena relación con Martín. Tanto que Sáez se convirtió en accionista principal de la empresa Ingesport y Martín en su director comercial. Ingesport inició sus operaciones en julio de 2005 y se dedica a gestionar "instalaciones deportivas y centros de belleza", entre ellas el spa del Eurobuilding. Se constituyó con un capital de 3.050 euros, suscritos en un 80% por Sáez y el 20% restante por NH.Ingesport buscó pronto capital para crecer. Y ahí intervino el profesor de pádel. En diciembre de 2005, Carlos Martín mantuvo una reunión con otro de sus discípulos deportivos, Ángel Córdoba, alto directivo de Caja Madrid y compañero de pádel de Ignacio González. La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid está gestionada por la entidad financiera, que además tiene el 35% del capital. Y Córdoba es la persona clave para decidir dónde se invierte.En aquella reunión, Córdoba le explicó a Martín cómo debía montarse la estructura de Ingesport, le recomendó que le diesen en la compañíaun puesto al ex futbolista y entrenador Jorge Valdano amigo de Sáez y le pidió que le mantuviesen puntualmente informado. Salvo el puesto para Valdano, el resto de los planes se cumplieron pronto. Carlos Martín puso por escrito el resumen de aquella reunión en un documento y se lo envió por correo electrónico, el 22 de diciembre de 2005, a Gabriel Sáez. Tres meses y medio después, el 6 de abril de 2006, la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid adquirió el 26% de las acciones, pagando por ellas una prima de 1.298.500 euros.El profesor de pádel decidió que podía aprovechar mejor sus contactos y, en febrero de 2007, compró la sociedad Preston & Child. De forma inmediata, firmó un contrato con Ingesport, de manera que Preston & Child recibía una comisión por cada cliente que captase para Ingesport. Martín había pasado de profesor de pádel a conseguidor.Pero la relación entre Gabriel Sáez y Carlos Martín se terminó torciendo y en junio de 2008 decidieron romper su colaboración profesional. En la negociación para rescindir el contrato mercantil intervino un prestigioso bufete de abogados que trabajaba para ambos. Y en los correos electrónicos que intercambiaron Martín y el abogado queda claro el papel que tuvo Ignacio González en la decisión de inyectar 1,3 millones en Ingesport.El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe a su abogado quejándose de que Gabriel Sáez le "vacila". Pero asegura que será Ingesport quien salga perdiendo con la ruptura: "Espero tener hoy una respuesta, (que) no te vacile más y poder tomar las acciones oportunas. El vice está al corriente de todo. O sea que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel (Córdoba) les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas".El abogado le respondió con un amable correo diciéndole que era incompatible seguir actuando como letrado de ambos. "Mi recibo, que era simbólico, te lo dejaré de pasar. Explícaselo tú a Ignacio".(www.publico.es, 15/03/09)LA ASAMBLEA DE MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZEl vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre comparece hoy en la Asamblea para explicar tres adjudicaciones suyas que están bajo sospecha . A la vista de cómo está actuando el PP en la comisión de investigación, donde ha censurado de forma reiterada las peticiones de PSOE e IU, ambos partidos temen que Ignacio González no aporte ninguna información relevante. Si sus temores se confirman, al menos IU reclamará su dimisión.El caso que mayores sospechas acumula es la transformación de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II –empresa pública que preside González– en una zona deportiva con campo de golf incluido. La explotación del recinto fue adjudicada, a finales de 2006, a un consorcio formado por las empresas Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. El dueño de esta última era José Antonio Clemente, quien seis meses antes se había convertido en socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado de vicepresidente. Clemente, González y Caballero habían creado la firma Tamanaco 07 Consulting, el 21 de junio de 2006, precisamente para dedicarse a explotar instalaciones deportivas. El domicilio social de Tecnoconcret y de Tamanaco 07 Consulting es, además, el mismo.Pero no sólo está bajo sospecha la concesión para explotar las instalaciones deportivas del Canal, sino también la fase previa de construcción. El Canal adjudicó las obras al Grupo ACS, que a su vez subcontrató parte de los trabajos con la sociedad Only Golf. Y los promotores de proyectos de Only Golf eran precisamente Clemente y Caballero.Y hay más. El Canal de Isabel II sostiene que, a principios de 2008, el Grupo ACS le compró sus acciones a Tecnoconcret. Ello plantea una pregunta evidente: ¿por qué formó parte del consorcio una empresa que pocos meses después vendió sus acciones? El círculo de la sospecha se cerró el 10 de noviembre de 2008, cuando el hermano y el cuñado del vicepresidente se convirtieron en accionistas de Tecnoconcret, cada uno con un porcentaje por encima del 30% del capital.En resumen, ACS recibe primero una adjudicación pública y subcontrata para las obras a una empresa vinculada a la familia de González. Después, ACS recibe también la explotación de las instalaciones deportivas, pero en un consorcio junto a otra sociedad vinculada a la familia de González. Y, por último, ACS facilita a esta última empresa un pelotazo al comprarle sus acciones.Ignacio González también hablará en la Asamblea sobre las adjudicaciones del Canal a las sociedades Segurisa y Saminsa, cuyo dueño es Enrique Sánchez. El vicepresidente viajó con este empresario a Suráfrica y, según un dossier, fue Sánchez quien corrió con los gastos de la expedición. González mintió inicialmente al asegurar que nunca había adjudicado nada a las empresas de Sánchez.(www.publico.es, 25/02/09)TRANSPARENCIA A PRUEBA. LAS 11 CUESTIONES QUE DEBE ACLARAR1. ¿Es José Antonio Clemente socio desde junio de 2006 de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente?2. ¿Conoce Ignacio González a Clemente?3. ¿Participaron las empresas Only Golf y Tecnoconcret en las obras del campo de golf del Canal?4. ¿Eran Clemente y Caballero promotores de proyectos en la empresa Only Golf?5. ¿Por qué adjudicó González la explotación de las instalaciones del Canal a Tecnoconcret, empresa del socio de su hermano y de su cuñado?6. ¿Por qué no se abstuvo González en el consejo del Canal que decidió dicha adjudicación?7. ¿Por qué no informó en el consejo sobre los vínculos entre Clemente y su familia?8. ¿Autorizó el Canal que Tecnoconcret vendiera sus acciones al Grupo ACS pocos meses después de recibir la concesión?9. ¿Para qué se le dio entonces la concesión a Tecnoconcret?10. ¿Cuál fue el precio pagado por ACS?11. ¿Son el hermano y el cuñado de González los actuales socios mayoritarios de Tecnoconcret?(www.publico.es, 25/02/09)UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANALEl vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no sólo adjudicó la explotación del campo de golf de Chamberí a un socio de su hermano y de su cuñado. Las obras de dicho campo también fueron realizadas por empresas vinculadas a su familia, mediante subcontratas recibidas de ACS. Y un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de lo "promotores" del proyecto.El diseño y la construcción del golf de Chamberí corrió a cargo de varias firmas relacionadas entre sí. La principal se llama Only Golf Planning and Design y elaboró un vídeo promocional para explicar el éxito de su trabajo, al que ha tenido acceso Público. En dicho vídeo se indica que los "promotores de proyectos" de la sociedad son José Juan Caballero y José Antonio Clemente.Caballero está casado con Isabel González, hermana del vicepresidente y diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Clemente, por su parte, es un hombre clave en los negocios de los familiares del vicepresidente. En junio de 2006, fundó la empresa Tamanaco junto a Caballero y a Pablo González, hermano del número dos de Aguirre. Y también era el accionista y administrador de Tecnoconcret cuando esta sociedad recibió la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí. Como desveló este lunes este diario, Pablo González y José Juan Caballero se han hecho hace tres meses con la mayoría del capital de Tecnoconcret.Las obras del campo de golf se terminaron antes de las elecciones autonómicas de 2007. Como subcontratistas del Grupo ACS trabajaron Only Golf y Sportcrete. Se trataba de construir, encima de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, un campo de golf de nueve hoyos y una zona de prácticas. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un espacio público.Según datos que figuran en el vídeo promocional, el presupuesto total del proyecto ascendió a 50 millones de euros, de los que 3,5 se asignaron al campo de golf.Como accionistas de Only Golf figuran en el Registro Mercantil tres personas: Dimitris Tsalidis, José Alberto Romero y José Jesús Vallenilla. El objeto de esta empresa, fundada en noviembre de 2003, es "el diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas".Además de tener a Caballero y Clemente como "promotores de proyectos", Only Golf comparte negocios con Tecnoconcret. Recientemente, ambas empresas han constituido la firma Airgrass Technologies, dedicada a "comercializar soluciones de césped artificial".En cuanto a otra de las subcontratistas, Sportcrete, se trata de una filial de Only Golf, que controla el 80% de su capital. El 20% restante está en manos de una sociedad británica, cuya sede está en la localidad de Derbyshire.En definitiva, en la fase de construcción del campo de golf, la contratista principal ACS decidió subcontratar a empresas ligadas a la familia de González. Y luego, en el momento de adjudicar la explotación del campo, Ignacio González le dio la concesión a una empresa de ACS Iridium y a otra del socio de su hermano y de su cuñado.(www.publico.es, 06/02/09)GONZÁLEZ NIEGA HABER FAVORECIDO A SUS FAMILIARES"En ningún caso se ha hecho una adjudicación por parte de ninguna entidad dependiente de mí a ninguna empresa en la que figure ninguno de mis familiares". Esta fue la respuesta que ayer esgrimió Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, tras la reunión del Consejo de Gobierno regional.El número dos de Esperanza Aguirre respondía así a la información publicada ayer por este diario en la que se señalaba que Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente, habían entrado en noviembre de 2008 en el capital de Tecnoconcret, sociedad que recibió hace dos años la concesión para explotar un campo de golf en el barrio madrileño de Chamberí. La adjudicación la realizó el Canal de Isabel II, que preside el propio González.Interrogado por este tema, González comenzó diciendo que no sabía muy bien de qué le hablaban. Después dijo que se imaginaba que se trataba de una historia que no había tenido "aún oportunidad de leer". Pero, para no haberlo hecho, la relacionó de inmediato con otra que apareció en abril de 2007 en la revista Tiempo, y en la que obviamente no se informaba sobre compras de acciones de miembros de la familia González que se produjeron año y medio más tarde."Esa es una información ya muy vieja", comentó en dos ocasiones, mientras afirmaba que ya había dado "explicaciones en su momento". A pesar de las vueltas que le dio al asunto, Ignacio González no desmintió en ningún momento los datos aportados ayer por Público.Pero no fue la única polémica de la que se desentendió. A González también se le preguntó qué le parecía que la galería de subastas Segre, que dirige su esposa Lourdes Cavero, hubiera vendido varias obras de arte a la Comunidad madrileña. "Es imposible que conozca los millones de contratos y decisiones que se toman en la gestión de la Comunidad de Madrid", se defendió. Y añadió que, si la Consejería de Cultura había decidido hacer esas compras, tenía que ser dentro "de la política que estaba llevando a cabo y en función de sus objetivos culturales".Y también sostuvo que desconocía que una bodega de vinos de Ribera de Duero en la que participa el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, haya supuestamente vendido sus caldos al Gobierno regional: "No tiene nada que ver con la actividad pública a la que me dedico. No tengo ni idea". González, eso sí, quiso aprovechar la ocasión para recordar que él había solicitado voluntariamente comparecer ante la comisión de investigación que comienza hoy en la Asamblea madrileña.El portavoz del Ejecutivo regional se lamentó de que "desgraciadamente", durante estos días, tanto él como sus compañeros hayan sido el principal objetivo de los medios de comunicación "sin que nadie haya acreditado absolutamente nada". En realidad, casi todas las revelaciones periodísticas están basadas en documentos, muchas veces públicos.González cree que todo es una campaña "de echar velos de sospechas". Por eso afirmó que el más interesado en que se aclare todo es él, recordó que fue el primero en poner todo el caso en manos de la justicia y se mostró "especialmente satisfecho" por el arranque de la investigación. González desea que ésta "vaya muy rápido" y sirva para "clarificar quién está detrás y con qué objetivos". También pidió "responsabilidades" en el caso de que se hubiera cometido alguna actuación ilícita y "rectificaciones públicas" si se demuestran falsas "las imputaciones tan graves que se han hecho".Como viene repitiendo desde el primer día, González dijo que no hay "nadie más interesado" que él en la resolución de esta trama y que le parece "estupendo" que toda aquella persona que pueda aportar algo lo haga. Y para este cometido valen también su presidente nacional, Mariano Rajoy, y su secretaria general, María Dolores de Cospedal. "Sé de la disponibilidad de ambos", destacó.Por último, se le pidió que explicara las funciones del ex polícia Sergio Gamón, a quien varias informaciones apuntan como uno de los presuntos cabecillas de la trama de espionaje. "Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad, que está adscrito a la Consejería de Presidencia y que tendrá las funciones que ésta le asigne", respondió de forma dubitativa.(www.publico.es, 06/02/09)EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE FALTA DE NUEVO A LA VERDADIgnacio González aseguró que la noticia desvelada ayer por 'Público' era una “ información muy vieja” que ya había sido publicada en su día por ‘Tiempo’. Resulta sencillo comprobar que la versión del vicepresidente no se ajusta a la verdad. La información de la revista a la que se refiere González es de abril de 2007, mientras que este diario reveló ayer que un hermano y un cuñado del vicepresidente compraron acciones de la empresa Tecnoconcret el 10 de noviembre de 2008. Así que parece complicado sostener que en ‘Tiempo’ tuvieron la audacia de prever con año y medio de antelación las actividades empresariales de la familia González.No es la primera vez que el número dos de Aguirre no cuenta la verdad. Cuando saltó el escándalo, González afirmó que no había adjudicado “nada” a las sociedades de Enrique Sánchez, el empresario con el que viajó a Suráfrica. ‘Público’ desveló que el Canal deIsabel II, empresa que preside González, le había adjudicado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa y otro de 2,6 millones a Saminsa. Ambas compañías tienen como accionista mayoritario a Enrique Sánchez.(www.publico.es, 06/02/09)GERENTE DE EMPRESA PÚBLICA Y BODEGUERO A TIEMPO PARCIAL
El gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, envía su propio vino a la empresa pública que él mismo dirige
Ildefonso de Miguel es uno de los espiados en Madrid y también hombre clave en el área económica de la Comunidad. En concreto el número 2 del vicepresidente Ignacio González en el Canal de Isabel II, la primera empresa pública de Madrid. El dossier de los espías atribuía a Ildefonso de Miguel un notable patrimonio repartido por España que incluía viviendas de lujo y fincas de viñedo. La Cadena SER pudo confirmar además que entre esos negocios privados estaba la producción de vinos en Ribera del Duero.Ildefonso de Miguel está considerado como uno de los hombres más influyentes en el área económica de la Comunidad de Madrid, auténtica mano derecha de Ignacio González. Sin embargo, es un perfecto desconocido en el mundo del vino. Funda Bodegas Miguel y Ruano en mayo de 2006. Entonces llevaba ya dos años y medio como director-gerente del Canal de Isabel II. Y según ha podido confirmar la Cadena SER, ha convertido a la empresa pública que él mismo dirige -el Canal de Isabel II- en una plataforma privilegiada para su actividad como bodeguero. Distintas fuentes de la Comunidad de Madrid y personal de la propia bodega reconocen que el número dos de Ignacio González en el Canal ha enviado sus vinos al Canal.En una de las sedes de la empresa, situada en Arroyo de la Encomienda, un municipio de Valladolid, el gerente ha negado en conversaciones con un periodista de la Cadena SER que el Canal de Isabel II sea uno de sus clientes. A los pocos minutos, tras recibir una llamada del que identifica como su jefe (Ildefonso de Miguel) ha terminado reconociendo que "puede que se enviaran algunas cajas al Canal".El vino del gerente del Canal lleva la marca LOESS y se ofrece a través de Internet a 60 euros la botella. Un precio que según las fuentes consultadas por la SER es ocho veces superior al habitual en el mercado. La Cadena SER se ha puesto en contacto con los portavoces del Canal de Isabel II y a la pregunta de qué cantidad se ha pagado por ese vino del gerente, no han querido ofrecer ninguna respuesta.Alto cargo vinculado a la TDTSecuenzia Pixels la empresa familiar de Ildefonso de Miguel, tiene como objeto social el suministro de material informático y la gestión de canales de televisión digital. Ildefonso de Miguel fue consejero de la empresa. El actual administrador único es su cuñado, Fernando Ruano Puente. Según los documentos mercantiles consultados, sólo en el año 2007, Secuencia Pixels ha recibido al menos 1.743.000 en contratos públicos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y además de adjudicaciones públicas recibe subvenciones. En 2008 ha recibido hasta cinco ayudas, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid.Secuencia Pixels no es la única empresa de familiares de Ildefonso de Miguel que se dedica al negocio de la TDT. Otra de ellas, Centanor Spain, participa en la sociedad Teledifusión Madrid y junto a ella figuran las adjudicatarias de las licencias de televisión digital que repartió el Gobierno de Esperanza Aguirre. Un proceso de adjudicación que estuvo controlado por Ignacio González.www.cadenaser.com 06.02.09LA EMPRESA SECUENZIA PIXELS HA OBTENIDO 3,9 MILLONES DEL GOBIERNO REGIONAL
Una empresa de telecomunicaciones e informática de la que fue socio el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha obtenido siete contratos públicos de la Comunidad de Madrid que superan 3,9 millones de euros. De Miguel fundó la empresa Secuenzia Pixels junto a su cuñado, Fernando Ruano, y otros socios en 2002. La abandonó un año después, cuando se convirtió en gerente de la compañía de aguas que preside el número dos del Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio González.
EL JUEZ INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRREEl titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, ya ha iniciado su instrucción sobre el espionaje sufrido por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), número dos de Esperanza Aguirre. Sierra investigará los dossiers que destapó EL PAÍS el 20 de enero -el seguimiento con cámara oculta a González durante un viaje a Colombia en 2008 y otro de un viaje a Johanesburgo ese mismo año donde se hace referencia a adjudicaciones sospechosas- y un tercer dossier, publicado posteriormente por Público, también sobre adjudicaciones del vicepresidente. "La apertura de diligencias supone que hoy se ha producido la judicialización de este presunto caso de espionaje", explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Los autores de los dossiers -desconocidos hasta el momento- podrían haber incurrido, según la denuncia que presentó en su día el vicepresidente, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de cárcel.Además del espionaje al número dos de Aguirre, EL PAÍS ha revelado la existencia de otros seguimientos a dirigentes del PP -éstos enfrentados políticamente a Aguirre-: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada. Pero ambos han denunciado ante la Fiscalía de Madrid, no ante el juez, así que su caso depende de que el fiscal decida inhibirse y remitirlo al juzgado. O de que, en una fase más avanzada del proceso, el juez concluya que todo tiene que ver con una única trama delictiva y reclame la investigación.En paralelo al proceso judicial prosigue el avatar político. Ayer habló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para repetir lo que el pasado lunes ya subrayó tres veces: que la investigación interna iniciada por el partido sobre el espionaje político en Madrid no está cerrada, sino "suspendida" durante el tiempo que dure la comisión de investigación en el Parlamento regional. Lo dijo durante una visita a la sede del PP en París, y el protocolo hizo que en ese acto estuviera también el espiado Alfredo Prada en su actual condición de director del PP en el Exterior. Prada se mostró dispuesto a acudir a la comisión parlamentaria si es citado, aunque recalcó que la investigación que le interesa es la judicial.En nombre de los más fieles a Esperanza Aguirre, el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan Jesús Güemes, volvió a cargar sus palabras con ironías contra el propio PP. "Pregúntenle al señor Rajoy. Yo no tengo la información que tiene Rajoy. Yo, desde luego, no he visto ningún dossier", afirmó. La víspera, Rajoy había admitido que el escándalo del espionaje no es "un rumor" sino que está apoyado en "muchos documentos". Sobre la comisión de investigación, Güemes avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo".Por otro lado, el alcalde de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, anunció que emprenderá "acciones legales" tras leer en la revista Interviú que también él fue espiado en 2007. Una portavoz municipal precisó después que acudirán a la fiscalía.Castro dijo estar "indignado, dolorido y rabioso" al saberse víctima de "tan oscuras prácticas", y añadió que en los últimos años había confesado a colaboradores y familiares que tenía "la sensación" de sentirse espiado. "Era una percepción de que alguien me observaba", aseguró. Nunca llegó a denunciarlo. El presidente de la FEMP exigió a la Comunidad que llegue "hasta las últimas consecuencias" y, aunque dejó claro que no puede "acusar a nadie", aprovechó para deslizar un mensaje: "Pensé que este tipo de prácticas, que están más cercanas al pasado más triste y oscuro de este país, habían sido erradicadas de las administraciones que gobiernan a los ciudadanos".(www.elpais.com, 05/02/09)UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANOEl vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos enel dossier sobre González manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007.El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf.La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtiran en un espacio público.En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la “explotación de instalaciones deportivas”.Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”.González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias.Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha.Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital.De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí.Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron ayer a este diario que, “hace aproximadamente un año”, Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf.(www.publico.es, 05/02/09)CONTRATOS MILLONARIOS PARA EL COMPAÑERO DE VIAJE DE GONZÁLEZ
La empresa de Enrique Sánchez obtuvo por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro - El suburbano rescindió el acuerdo por incumplimiento
La empresa de seguridad Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) ha sido adjudicataria de dos contratos de la Comunidad de Madrid que suman 59,3 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez González, viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el número 2 del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González. Fue un viaje privado que aparece en el informe de un seguimiento parapolicial a González.La empresa dejó sin cubrir "hasta el 50%" de los servicios, según MetroLa presunta acusación del dossier (cuya existencia fue revelada por EL PAÍS) era que el viaje suponía un regalo a Ignacio González por la adjudicación de contratos públicos millonarios a Segurisa. El informe incluye una fotocopia de los pasajes de vuelo de González y de su esposa a Suráfrica. El vicepresidente de la Comunidad señaló a este periódico que había pagado su pasaje "en metálico" y que estuvo en Johanesburgo para visitar al embajador de Suráfrica que es amigo suyo.Respecto al presidente de Segurisa, Ignacio González fue tajante: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada". Pero la empresa de seguridad resultó adjudicataria de dos contratos para prestar servicios de vigilancia entre 2005 y 2006. Uno en el Canal de Isabel II, por dos años prorrogables a cuatro, y otro en Metro, que fue rescindido antes de tiempo por incumplimiento de contrato, según confirmó ayer a EL PAÍS la empresa que gestiona el suburbano.El primer contrato a Segurisa data de octubre de 2005. La empresa resulta adjudicataria de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II, del que ya era presidente Ignacio González.El periodo propuesto en el pliego del concurso convocado por la vicepresidencia era de dos años prorrogables a dos más a razón de 19.423.665 euros anuales. El procedimiento era restringido, una figura incluida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que supone que el adjudicador invita al concurso a un número determinado de empresas.Segurisa obtuvo la concesión por 33.489.078 euros, cinco millones menos que el presupuesto de salida (38.847.330 euros). Y actualmente sigue al frente de la seguridad en el Canal, según confirman trabajadores de la empresa.En el segundo contrato público, firmado seis meses después, Segurisa aparece entre las adjudicatarias de la vigilancia de Metro de Madrid.El servicio de seguridad en el suburbano se divide por líneas y tramos que se repartieron en cinco contratos a los que optaron nueve empresas diferentes en 2006. El plazo era de dos años prorrogables a cinco. A Segurisa le correspondieron 25,9 millones de euros -la cuantía más baja de las cinco adjudicaciones- por prestar servicio en la línea 3 y en un tramo de la línea 4. Pero no llegó a cumplir ni siquiera los dos primeros años. Metro le rescindió el contrato en enero de 2007, nueve meses después de la adjudicación, por "incumplimiento" de la empresa, según un portavoz del suburbano. Ese incumplimiento supone que Segurisa dejó sin cubrir "hasta el 50% de los servicios" a los que se había comprometido, según Metro, al no aportar el número necesario de trabajadores a sus tramos de la red. El portavoz de la empresa pública del suburbano asegura que Segurisa sólo ha cobrado "la parte proporcional del dinero" por el servicio prestado durante el tiempo que el contrato estuvo en vigor. No especificó la cantidad. Segurisa, creada en 1988 y con sede principal en Madrid, dispone de 1.326 empleados.Las líneas de metro que gestionaba Segurisa fueron repartidas entre otras tres empresas. Antes de la rescisión, fue una de las adjudicatarias que se vieron envueltas en el escándalo de las agresiones de los vigilantes de Metro a viajeros. En uno de los vídeos difundidos por EL PAÍS, un trabajador de seguridad de la línea 3 con uniforme golpeaba a un pasajero junto a la puerta de salida de una estación.Este periódico intentó recabar ayer sin éxito los testimonios de Enrique Sánchez González y de Ignacio González sobre las adjudicaciones de ambos contratos públicos.Ignacio González denunció a la Fiscalía de Madrid los seguimientos durante dos viajes a Colombia y a Suráfrica recogidos en dos informes. El titular del Juzgado número 47 de Madrid ordenó el pasado 26 de enero incoar diligencias al hallar indicios de delito en la denuncia del vicepresidente del Gobierno regional.En el dossier de la visita de González a Johanesburgo aparece una fotocopia de los billetes de avión del vicepresidente y de su esposa. La presunta acusación del informe era que el viaje era un regalo de Enrique Sánchez González como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos millonarios. El documento refleja que Ignacio González pagó su viaje y el de su mujer (unos 8.000 euros) en metálico. González aseguró a EL PAÍS que los abonó así porque le venía bien. El número 2 del Gobierno de Aguirre negó entonces que fuera amigo del presidente de Segurisa y que le hubiera adjudicado nada.www.elpais.es 31.01.09EL EX CARGO DEL PP OBTUVO LA RECALIFICACIÓN EN COLLADO VILLALBA
Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica". Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
EL GOBIERNO DE AGUIRRE HA ADJUDICADO CONTRATOS MILLONARIOS A LA SOCIA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
Carmen Cafranga es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Posee varias empresas que han recibido contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros
Carmen Cafranga Cavestany, es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Amiga personal de Ana Botella, Cafranga posee además varias empresas y una fundación que han recibido en los últimos tres años contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros.La esposa del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Lourdes Cavero comparte con Carmen Cafranga la dirección de "Subastas Segre"; una rentable firma de arte de la que ambas son accionistas y en la que ocupan los cargos de presidenta y secretaria general respectivamente. La empresa obtuvo en 2007 unos beneficios de más de medio millón de euros.Cafranga, socia de la familia González-Cavero en esta empresa de subastas, posee además varias empresas y una fundación mediante las cuales ha conseguido hacerse con numerosas adjudicaciones y subvenciones de la Comunidad. Sólo entre 2006 y 2008 la cifra percibida por esta consejera de Caja Madrid asciende a 2.340.000 euros.La consejería de empleo y mujer le ha adjudicado la gestión de tres importantes centros ocupacionales; Una gestión que Cafranga realiza a través de distintas sociedades (de empresas SL) .La conserjería de asuntos sociales le ha concedido la gestión de varios centros de día. Así mismo Carmen Cafranga ha recibido en los tres últimos años subvenciones por valor de 800.000 euros para proyectos de su fundación en el exterior.Cafranga Cavestany y la crisis de Caja MadridLa socia del matrimonio González, es miembro de la comisión de control de Caja Madrid. Un órgano determinante para el desarrollo de la elección de los nuevos consejeros de la asamblea general que decidirán en septiembre al próximo presidente de la caja de ahorroswww.cadenaser.com 30.01.09CONCESIONES SOSPECHOSAS DE IGNACIO GONZÁLEZ1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, Público desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(www.publico.es, 29/01/09)GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICAUna empresa pública que dirige el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó un contrato por importe de 33,4 millones de euros a la empresa Segurisa, cuyo propietario invitó presuntamente a González a un viaje a Suráfrica. El número dos de Esperanza Aguirre reconoce que el viaje se produjo en marzo de 2007, pero asegura que lo pagó "en metálico" de su bolsillo.Segurisa es una compañía de seguridad fundada en 1988. El socio mayoritario es Enrique Sánchez González, que posee algo más del 60% de las acciones, de acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil. En un dossier sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desveló esta semana El País, se asegura que Enrique Sánchez invitó a Ignacio González y a su esposa a un viaje a Suráfrica cuyo coste aproximado es de 8.000 euros. La invitación sería un supuesto pago por adjudicaciones recibidas por Segurisa. En declaraciones a dicho diario, Ignacio González aseguró lo siguiente: "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada".El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid desmiente la última afirmación de González. En su edición del 9 de marzo de 2006, figura una adjudicación del Canal de Isabel II a la empresa Segurisa, por importe de 33.489.078 euros.El Canal de Isabel II es la empresa encargada de gestionar el agua en la Comunidad de Madrid y está presidida por Ignacio González.El objeto del contrato recibido por Segurisa es la prestación de "servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II". La adjudicación es por un periodo de dos años a razón de 16,7 millones de euros al año y se realizó por "procedimiento restringido". Este sistema impide concursar a todas las empresas de seguridad que lo consideren oportuno y limita el proceso a unas pocas compañías seleccionadas por el organismo que realiza la adjudicación.Un portavoz oficial del vicepresidente González explicó a este diario que Segurisa ya se encargaba de la vigilancia de las instalaciones del Canal desde 2001 (cuando gobernaba en la Comunidad el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón). Entonces se contrataron con dicha empresa 150.000 horas anuales, por las que se pagaron dos millones de euros.Tras los atentados del 11-M, diversos informes de la Guardia Civil recomendaron incrementar de forma significativa la seguridad de las instalaciones del Canal. Por ese motivo, la Comunidad convocó un nuevo concurso en 2005. Razones de "confidencialidad" llevaron a utilizar el procedimiento restringido, explicó dicho portavoz.En el concurso participaron diez empresas y la adjudicación a Segurisa se produjo "por unanimidad del Consejo de Administración" del Canal. Esta vez se contrataron 953.000 horas por un importe de 33,4 millones de euros.(www.publico.es, 22/01/09)"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESPIONAJE"
Esperanza Aguirre -en la imagen, con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el pasado septiembre- insistió ayer en que su Gobierno no está relacionado con el espionaje, aunque añadió, en relación con los seguimientos a su número dos, Ignacio González, que debían "aclararse cuanto antes", porque "si se están elaborando informes, se está delinquiendo".El 'número dos' de Aguirre pide al fiscal que investigue quién le espió
"Los autores han debido de estar muy cerca de mí", dice González en la denuncia
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto durante dos viajes al extranjero, uno público y otro privado, realizados el año pasado. Esos "seguimientos parapoliciales", destapados por este periódico, no tienen autoría conocida, pero González sospecha que sus responsables pueden estar "muy cerca" de él. La Comunidad presentó anoche otra denuncia idéntica ante el juez de guardia."Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma el vicepresidente madrileño en la denuncia presentada ante el fiscal. Los hechos -"desconociendo si su autoría ha de atribuirse a particulares, funcionarios o profesionales"- serían, según González, constitutivos de un delito de "descubrimiento y revelación de secretos", penado con hasta cinco años de cárcel.La fiscalía no ve delito
La propia Aguirre había anunciado por la mañana que su Gobierno presentaría las denuncias para aclarar el supuesto espionaje, porque, "si se están elaborando dossiers, se está delinquiendo". Aguirre aseguró que la Comunidad de Madrid "no tiene nada que ver" con esos seguimientos y los desvinculó de otro caso denunciado la víspera por EL PAÍS: la existencia de un supuesto servicio secreto de vigilancia en el seno de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados. "Se intenta mezclar interesadamente", protestó.El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ayer por la tarde no había recibido aún la denuncia, ya ha adelantado, sin embargo, que él no ve delito. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito [...] a menos que se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o se intercepten sus comunicaciones", afirmó. Tanto Moix como el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, comentaron también la información de este diario sobre el supuesto servicio de vigilancia montado en la consejería de Granados y concluyeron que su asesor Marcos Peña, presunto jefe de la red, ha sido contratado "con publicidad" y que otras personas forman parte del organigrama como "asesores", por lo que no se atisba tampoco ninguna ilicitud.El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, abundó en declaraciones a Europa Press en que "hoy por hoy no hay nada. Podrá ser correcto o no, pero no es delito".www.elpais.es 21.01.09EL VICEPRESIDENTE DE ESPERANZA AGUIRRE FUE ESPIADO EN SUS VIAJES AL EXTRANJERO
Altos cargos sospechan que los seguimientos contaron con complicidades internas
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el hombre con más poder después de la presidenta Esperanza Aguirre, ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.González afirma que no es amigo de los empresarios citados en los informesEl seguimiento al dirigente regional en Colombia se hizo con cámara ocultaAltos cargos de la Comunidad de Madrid han asegurado a EL PAÍS que están "muy preocupados" ante estos seguimientos y que tienen "sospechas" de que los documentos y las imágenes que se incluyen en tales informes han precisado "la complicidad" de personal vinculado a la seguridad de la Comunidad de Madrid, ya que evidencian conocer muy al detalle su agenda personal.Los altos cargos autonómicos manifiestan esta preocupación después de conocer que ex policías y ex guardias civiles al servicio del consejero de Interior, Francisco Granados, elaboraban informes sobre tramas de corrupción que afectaban a ayuntamientos madrileños dirigidos por socialistas.Sin información interna de la propia Comunidad, resultaría casi imposible espiar, como ha ocurrido, al vicepresidente madrileño en Cartagena de Indias (Colombia), según fuentes autonómicas. Este desplazamiento oficial del vicepresidente, -lo hizo como responsable del Canal de Isabel II-, es vinculado, en uno de los dos informes, a distintas operaciones irregulares. Y evidencia que partieron de una información privilegiada para poder cazarlo fotográficamente cuando pisara suelo colombiano. Las personas que realizaron el seguimiento y grabación de Ignacio González conocían el día de llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación, y el programa de actos y visitas del vicepresidente madrileño. Sin esos datos, los supuestos espías nunca habrían estado justo en el instante en que González llegó a Colombia, y a escasos metros de él, pisándole continuamente los talones hasta la propia habitación del hotel donde se alojó.Tan cerca, a tenor de las fotografías, como para formar parte del séquito o no inquietar con su presencia, según interpretan altos cargos de la Comunidad de Madrid consultados por este periódico.El viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias data de finales de agosto de 2008. En concreto, como apunta el informe, el 28 de agosto llegó a Cartagena de Indias en el vuelo AV8548, en clase business. El informe detalla que mantuvo una entrevista con el presidente colombiano Álvaro Uribe y luego desarrolla una teoría respecto a la connivencia del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva.Para agravar el guión, el informe incluye fotografías tomadas con cámara oculta que son explicadas así: "Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble ubicado en..., acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas. González acompaña a estas personas que han viajado con él desde Madrid". El vicepresidente madrileño aseguró a este periódico: "A ese constructor del que habla el dossier no lo conozco de nada".El segundo informe, fruto del otro seguimiento, es más simple: los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de Ignacio González y su esposa en viaje privado a Johanesburgo en vuelo de Iberia el pasado 16 de marzo. Aquí, la presunta acusación era que el viaje (unos 8.000 euros de coste) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, entre otras, y contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios. Todos los billetes de avión se pagaron en metálico. El contratista le acompañó, con su esposa, en tal viaje y pagó también en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello. El viaje me lo organizó un amigo que también vino. Fuimos a visitar al embajador de Suráfrica que es amigo nuestro y estaba a punto de ser relevado. El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explicó.El Gobierno regional está ahora preocupado por conocer si los seguimientos tienen relación con la contratación por la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid del ex policía, Marcos Peña, que dirige a un equipo de tres ex guardias civiles para tareas "de contravigilancia", según el consejero Francisco Granados. El propio Peña aclaró a EL PAÍS que entre sus trabajos figuran investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España. Peña aseguró que en ningún caso había hecho seguimientos personales a políticos.La Consejería de Interior asegura que nunca se ha ordenado la elaboración de informes relacionados con tramas de corrupción. Entre las competencias legales de la consejería de Interior no figuran tareas de espionaje por parte de los asesores, ni siquiera la recopilación de información sobre tramas de corrupción que están siendo investigadas por la administración de Justicia. Granados contrató al ex policía Marcos Peña en el verano de 2008. Con anterioridad, la Comunidad vivió otro supuesto caso de espionaje que acabó con la destitución del director general de Seguridad, Sergio Gamón, por registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisar un ordenador donde, supuestamente había un dossier contra el propio Granados, según explican dirigentes autonómicos.El vicepresidente Ignacio González no es el único dirigente madrileño que se ha sentido espiado en los últimos meses. Otros tienen noticias de haber sufrido seguimientos. No faltan los anónimos que han llegado a hogares de destacados políticos populares, según han confirmado sus destinatarios.UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta. Las imágenes que se captaron, algunas de las cuales se reproducen arriba, fueron incorporadas a un dossier donde se insinuaban prácticas irregulares por parte del vicepresidente autonómicowww.elpais.es 20.01.09LA COMUNIDAD DE MADRID DENUNCIA EN LOS TRIBUNALES EL ESPIONAJE A IGNACIO GONZÁLEZ
El afectado presenta otra a título personal ante la fiscalía .- El consejero de Presidencia, Francisco Granados, califica de "delictivo" el seguimiento y pide comparecer en la Asamblea para explicarse
La Comunidad de Madrid ha interpuesto en la tarde de este martes una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, que ha su vez lo ha hecho también ante la fiscalía a título personal.Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta-Ambas denuncias se producen como consecuencia del artículo publicado este martes por EL PAÍS que señala que González ha sido objeto de seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y personales al extranjero. En la edición del lunes, además, este mismo periódico informaba de que ex policías y ex guardias civiles realizarontrabajos de inteligencia e información para el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados.Previamente, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, había declarado que la fiscalía no iba a actuar de oficio al no apreciar indicios de delito, aunque adelantó que abriría una investigación si recibía una denuncia al respecto, lo que finalmente ha sucedido. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito", explicó, antes de añadir que "si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".En la denuncia de la Comunidad se destaca que, para poder realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores de los hechos que se denuncian tuvieron que utilizar forzosamente información reservada, que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público, con la suficiente antelación para organizar la grabación y las fotografías publicadas por EL PAÍS.Los servicios jurídicos regionales consideran que "se han producido, sin duda, y como mínimo, controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos". Y añaden que los hechos expuestos son "enormemente graves", por lo que creen necesario que se efectúen investigaciones por el órgano judicial competente sobre quiénes son los autores, y podrían ser constitutivos de "delitos de descubrimiento y revelación de secretos" tipificados en los artículos 197 a 201 del Código Penal.La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que se pretende con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". Aguirre ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje, y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo".Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.ComparecenciaPor su parte, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Granados, ha enviado un escrito a la Asamblea regional en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.Granados ha dicho que confía en que la actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimentos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley", pues la fiscalía y la policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo".En una entrevista emitida este martes en Telemadrid, Granados subrayó que la información de EL PAÍS sobre el seguimiento a González no está relacionada con la noticia que este mismo diario publicó el lunes sobre la existencia de una red de espionaje a su servicio.El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la ley. Por su parte, Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información."Con nada relacionado con inteligencia"
El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal". Conde ha incidido en que su departamento no trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".www.elpais.es 20.01.09EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTROEl vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó EL PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".(www.elpais.com, 23/01/09)ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el Ejecutivo de José María Aznar. Durante aquella etapa, que duró hasta 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales, Moro gestionó información sobre seguridad muy delicada en un enclave conflictivo por los problemas de inmigración irregular y de mafias que traficaban con seres humanos.Durante su etapa como delegado del Gobierno en Ceuta, Moro hizo amistad con Ignacio González, que trabajó en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Inmigración a las órdenes de Ángel Acebes en los últimos años de la segunda legislatura del PP, con José María Aznar como presidente.Moro y González mantuvieron una relación de amistad e incluso siguieron colaborando en asuntos de seguridad. En junio de 2008, Luis Vicente Moro entregó a Ignacio González el borrador de un proyecto de servicio secreto autonómico, una especie de CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ante la preocupación extendida en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se sentía espiado y quería protegerse.Sólo unos meses antes de aquellos contactos entre Moro y González, ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid estaban haciendo, sin amparo legal alguno y con dinero público, seguimiento a distintos altos cargos del PP, según se deduce de los partes diarios que elaboraron entonces. Tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y hoy alto cargo de la dirección nacional del Partido Popular, han denunciado ante la fiscalía los seguimientos de que fueron objeto durante los meses previos al último congreso nacional del PP, en el que Mariano Rajoy salió reelegido tras varios meses de tensos enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.El proyecto de CNI autonómico que le presentó en junio pasado el ex delegado del Gobierno en Ceuta al vicepresidente de la Comunidad de Madrid no cuajó. Luis Vicente Moro lo explica en la entrevista que ha mantenido con EL PAÍS.Pregunta. Hubo un proyecto de servicio secreto legal para la Comunidad de Madrid en 2008 y que al final no salió. ¿Cómo fueron las gestiones?Respuesta. Yo soy amigo personal de Ignacio González y coincidí con él en la época anterior. Hablamos de la posibilidad de crear algún servicio, con el amparo y la legitimidad que tienen los servicios en el País Vasco y en Cataluña. Era un servicio para proteger a los altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero nada más que eso.P. ¿Pero proteger informativamente?R. Informativamente, porque yo creo que por aquella época estaban preocupados, o alguien estaba preocupado.P. ¿Y por qué rechaza finalmente Ignacio González montar ese servicio? ¿Hasta dónde se llegó después de presentar el borrador?R. El borrador... y no hubo nada más. No sé por qué lo rechazó... No lo rechazó, son esas cosas que se dejan encima de la mesa diciendo 'esto es interesante'. Y [González] no vería la necesidad en aquel momento, porque lo que está lloviendo ahora es tremendo.P. ¿No lo rechazarían porque ya existía uno que no era legal y transparente?R. Yo no lo sé. Allí parecía que había un aparato. Y lo que hacemos un amigo y yo es decir, 'vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces'. Nada más que eso.P. ¿Quién le dijo que existía un servicio secreto no transparente?R. Tengo alguna información de mis amigos, que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Empezaba a hacerse popular en los medios que están acreditados como grandes expertos en el sector de la seguridad, naturalmente todos ellos legales, no esa mierda que se ha montado ahí...P. ¿Y qué noticias circulaban?R. Las noticias que circulaban es que algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid. No sé si esto es lo que está pasando ahora.P. ¿Por qué pensaban que eran objeto de vigilancia?R. Yo creo que Ignacio González tenía datos. En esta situación, a alguien de la Comunidad le molestaba Ignacio. Él pisó algunos callos. Un servicio secreto, si no nace con las condiciones de seguridad jurídica que nosotros planteamos modestamente, no puede estar en la Comunidad de Madrid. Y si no aparece en el organigrama, es un disparate absoluto. Yo no me preocupé más porque cuando nuestro papel durmió el sueño de los justos, yo me dediqué a mis cosas. Sé que Ignacio González es un currante que puede hacer daño a personas muy, muy, muy sinvergüenzas.(www.elpais.com, 23/01/09)
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